Este miércoles, en la votación de la reforma judicial, los dos diputados nacionales que se reportan con Sergio Massa, Alberto Roberti y Julio Ledesma, no darían quórum para la sanción de la polémica ley. De concretarse esto, debería interpretarse como una señal de que el intendente de Tigre podría dejar pasar las PASO del 11 de agosto y las elecciones generales del 27 de octubre, rechazando ser funcional al objetivo oficial de vencer a Francisco de Narváez. En esta postura influiría obviamente la ola de denuncias de corrupción que va en aumento con los casos de Embraer y Polo Ralph Lauren. Estas empresas debieron pagar coimas en Argentina para vender aviones la primera y para poder pasar la aduana la segunda. Con el clima actual, va resultando muy difícil para alguien que no pertenezca a Unidos y Organizados pueda sacar la cara por el gobierno nacional. Claro está que continuará la adhesión forzada al oficialismo por parte de cientos de intendentes y también de los gobernadores que necesitan fondos del gobierno nacional para pagar sueldos y obras. En la nómina de los necesitados no figura Massa que, si de números se trata, tiene asegurada la gobernabilidad de Tigre porque cuenta con una excelente recaudación.
Tomando distancia
Sería lógico que Massa y otros opten por minimizar sus compromisos con el cristinismo, porque continúa la conmoción provocada por las denuncias de Jorge Lanata, que son amplificadas por los programas de la farándula. Por ejemplo, todo el mundo habla de los millones de euros que se pesan en vez de contarse.
En el programa del domingo de Lanata se señaló con claridad que, por intervención de la procuradora general Alejandra Gils Carbó, el requerimiento del fiscal en la denuncia contra Lázaro Báez no llevó el encabezado que fijó la sala segunda de la Cámara Federal, que decía “Lázaro Báez y otros/ sobre asociación ilícita y encubrimiento”. Así habría sido que el fiscal Ramiro González colocó el número del expediente pero no la citada carátula. González pidió las declaraciones indagatorias de Leonardo Fariña y Federico Elaskar, que serían decididas por el juez federal Sebastián Casanello, que ayer dispuso otro allanamiento en el Madero Center. De cualquier modo, la “avivada” de la procuradora general no duraría mucho, porque en la primera apelación ante la misma sala de la Cámara Federal volvería a la carátula el nombre de Báez; además, Lanata presentó documentación ante el fiscal Luis Campagnoli, que sería remitida al fiscal actuante, Guillermo Marijuán, de vuelta de una licencia.
Para mañana y en protesta contra la sanción de las tres leyes más importantes de la reforma judicial que ya aprobó el Senado, muchas redes sociales convocan al Congreso con la participación de varios partidos políticos, la CTA y el moyanismo. Agustín Rossi y la plana mayor de la bancada oficialista están, por su parte, dedicados a contar si están los votos y el quórum necesario para la sanción. De los 12 diputados cuyo voto está en duda, varios fueron puestos bajo la lupa en redes sociales y portales de Internet y algunos de los mismos estarían dudando. Aunque con lo justo, no hay dudas de que la reforma será finalmente sancionada, pero con el elevado costo de una fuerte resistencia social. Queda la chance, por supuesto, de que la reforma, en sus distintos capítulos, sea declarada inconstitucional por la justicia. Algunos juristas consultados sostienen incluso que la Corte Suprema podría pronunciarse de oficio contra la opinión de Julián Álvarez, secretario de justicia. Lo más probable, sin embargo, es que un juez de primera instancia sea el que primero se pronuncie.
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