Es habitual, que cuando una normativa, que
implica un cambio en la sociedad civil con respecto a algún tema en particular,
se generen diferentes espacios de debates acerca de sus consecuencias, o del
porqué seguir adelante o no. En estos últimos días, se ha generado una nueva controversia, con
respecto a la posibilidad de despenalizar el consumo de droga y sus derivados
–especialmente la marihuana-, dado que
varios sectores políticos plantean la derogación de algunos artículos de la Ley
de estupefacientes que permiten el libre cultivo para consumo personal.
Sin dejar de obviar, que el narcotráfico es un
tema preocupante y las drogas son un flagelo que afecta a la sociedad, más allá
de su nivel económico, social y cultural; que su consumo lleva invariablemente
a la autodestrucción; que es una adicción de alto riesgo y que afecta a
millones de personas; yo me pregunto:¿No parecería en principio contradictorio,
que dentro de la esfera pública, alcancemos políticas para la contención y prevención
de adicciones al mismo tiempo que impulsemos iniciativas como estas? ¿Acaso no
tenemos en cuenta la cantidad de familias afectadas por la droga, como
cualquier tipo de adicción, como para legalizar un consumo?
Los que postulan a favor de la despenalización
argumentan, que lo que vino realizando el estado con respecto a combatir al
narcotráfico no alcanza. Los objetivos de prevención y lucha no se han
alcanzado y dichos objetivos se sostienen en “prejuicios, parcialidades y/o
arbitrariedades” por parte de los agentes de seguridad y de justicia,
justamente por perjudicar las libertades individuales garantizadas en la constitución nacional. Que
se confunde consumidor y traficante. Que no evalúan los resultados
“medicinales” de la sustancia. Yo digo: un consumo tan “inocente” cómo parece,
¿puede abrir el camino a una batería de nuevas drogas, bajo el precepto de “en
mi casa puedo hacer lo que quiero”? ¿Acaso un ciudadano bajo los efectos de la
marihuana es menos imprudente o inconsciente que un alcohólico, por ejemplo en
la vía pública o en situación familiar? Ya que se compara que el alcohol y el
tabaco dañan y están permitidos, ¿por qué permitir más cosas que deterioran?
Por otra parte, ¿es esto una preocupación de
la ciudadanía argentina hoy? ¿No será el momento de empezar a pensar por parte
de los legisladores cuáles son las problemáticas que la gente que los votó
pretenden en que trabajen? Vuelvo a preguntarme: ¿no será el momento en la
Argentina en plantear una reforma al código penal a través de un plebiscito
vinculante donde la misma ciudadanía, tenga por primera vez, una clara decisión
en un tema que nos preocupa a todos? A lo mejor de esta manera se mejoraría
substancialmente – en general- la imagen de una dirigencia política que a lo
largo de todos estos años no ha sabido interpretar- en muchos casos- los deseos
de la población. ¿Quién puede garantizar desde el estado, el “Poder de policía”
en el control del cultivo?
Todos estos interrogantes, más allá de
cuestionar la operatividad de las políticas contra el narcotráfico, me hacen
pensar que muchas veces, no vemos el trasfondo de la cuestión. Creo, que va más
allá de garantizar la libertad de uno en tener el derecho de consumir. Una
sociedad debe ser responsable como así también los que la conducen.
Personalmente, creo que quienes tenemos la responsabilidad de tomar decisiones
que afecten a nuestra comunidad no debemos dejar de ver cómo afecta este
problema. Debemos ofrecer oportunidades, lugares de contención, promover la
actividad sana, como el deporte, escuchar a quienes están en contacto directo
con los efectos del consumo de drogas. Generando oportunidades de discernir qué
camino tomar y con quién contar. Por eso, a la hora de tomar partido de una
decisión que afecta a miles, debemos pensar: ¿Y el día después?
Daniel
Gambino
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