En una respuesta a la propuesta “Bajemos los precios” presentada por “Un País”, el oficialismo envió a funcionarios nacionales a reactivar, ante la Comisión de Defensa del Consumidor, un proyecto para crear un Tribunal Nacional de la Defensa de la Competencia.
Tras el comienzo del debate de un proyecto de Ley de Defensa de la Competencia consensuado entre el Gobierno y bloques oficialistas, diputados del espacio de Sergio Massa remarcaron que se trata de una iniciativa que sólo prevé sanciones a conductas que violen la competencia, pero no implica una baja inmediata en los precios como sí lo propone “Bajemos Los Precios”.
En referencia al proyecto tratado en comisión, Marco Lavagna sostuvo que “está planteando modificaciones que tienen que ver con multas”, al tiempo que resaltó “nuestro proyecto “Bajemos Los Precios” incluye una parte muy fuerte que tiene que ver con la competencia y la regulación de las góndolas que es donde uno ve distorsiones muy grandes. Es una herramienta fundamental para cortar algunos abusos y frenar la inercia que hay en el tema de los precios”.
Para concluir, Lavagna resaltó: “Creemos que es necesario que el Estado elimine el precio que justamente el propio Estado añade sobre los precios de los alimentos”.
Por su parte, el diputado Felipe Solá afirmó: “Después que nuestro espacio impulsara la campaña para bajar los precios de 11 productos de la canasta básica y la necesidad de una Ley del Góndolas para evitar la cartelización, por parte de los supermercados, de productos de primera necesidad, el oficialismo se dispone a tratar en comisión proyectos que venía dilatando para no reconocer el grave problema inflacionario que sufre el país”.
“Es evidente que este Gobierno de CEOs poco conoce de la realidad que viven millones de argentinos. El Gobierno tiene que terminar con el relato y la promesa de semestres positivos, para comenzar a ocuparse de los problemas reales que vive la gente, sobre todo los sectores más humildes que son los más afectados ante este capricho de seguir recetas que ya fracasaron”, concluyó Solá.
Por su parte, la diputada nacional Liliana Schwindt, cuestionó: “Este proyecto puede llegar a ser favorable en un futuro pero no soluciona el problema. Se necesita ahora una Ley de Góndolas para que un productor o comerciante de alimentos no tenga más del 40% de presencia en góndola”.
“El gran peligro que tiene la norma tratada resulta ser la designación de los miembros del Tribunal y de la Autoridad Nacional de Defensa de la Competencia, ya que se tratará de dos organismos con un poder casi exclusivo sobre las cuestiones de competencia”, afirmó Schwindt.
“Mi conclusión es: ¿Le dejamos al Ministerio de Producción que tenga tanta influencia en el diseño de los organismos y selección de los funcionarios encargados? Deberíamos remarcar que hace casi un año denunciamos cartelización de los super e hipermercados y justamente Miguel Braun -Secretario de Comercio- es quien debería avanzar e investigar a su familia y a la del Jefe de Gabinete. Obviamente no lo hizo. Aún cuando la actual ley le brinda facultades, no hay novedades de ningún avance”, sumó la diputada.
En esa misma línea, Schwindt enfatizó: “Mejorar los instrumentos legales es bueno, pero si los que van a decidir tienen interés directo en beneficiar a las grandes firmas porque son o fueron parte, o porque son parientes directos de los dueños, esto va a ser solo cosmético. El día que dejen de poner a los zorros a cuidar el gallinero vamos a avanzar”.
El diputado nacional José Ignacio De Mendiguren también se manifestó ante esta reactivación por parte del oficialismo de proyectos "que dormían en cajones hasta que nosotros planteamos Bajemos los Precios", y afirmó: "Sospechamos que es otra medida dilatoria del Gobierno para no dar una respuesta a un plan concreto y medible como es Bajemos los Precios, que puede impactar rápidamente en la mejora del ingreso tanto de los jubilados como de los sectores más necesitados”.
“Ya queda explicado en nuestra campaña que existen los recursos para llevar a cabo el Plan pero nuevamente queda clara la falta de voluntad política del Gobierno cuando se trata de impulsar una medida en favor de los que menos tienen”, finalizó De Mendiguren.
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